El Libro de Estilo de EL PAÍS define la crítica como “el género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia”. Esta limitación ha derivado en que la mayoría de las críticas de libros que se publican las firmen colaboradores especialistas. En el suplemento literario Babelia, que cuenta con cinco periodistas de plantilla y la participación de redactores de otras secciones, escriben también con regularidad (cada dos semanas o al menos una vez al trimestre) unos 50 críticos externos, según su responsable, Jordi Amat.
Sobre ellos pregunta la lectora Carolina Cobo. “Quisiera exponer mis dudas acerca de la falta de información sobre las conexiones personales o profesionales que pueden afectar a la objetividad de algunos colaboradores”, expone. “Me refiero al posible conflicto de intereses entre colaboradores que no forman parte de la plantilla y los temas que tratan. En la presentación de los mismos, esta posibilidad de conflicto no aparece, lo que creo que sería útil para que los lectores pudiésemos valorar la credibilidad”.
El conflicto de intereses es una cuestión deontológica de primer orden y por eso el manual de estilo lo trata ya en el primer capítulo, dedicado a los principios éticos: “Los periodistas deberán abstenerse de realizar cualquier información o trabajo periodístico que entre en conflicto con sus intereses personales, ya sean políticos, económicos o familiares”. Con esta norma general se pretende eludir la parcialidad al tratar asuntos que tocan de cerca y cualquier sesgo que pueda comprometer al periódico.
También existe una supervisión de los trabajos que los periodistas realizan fuera de este. “El redactor deberá contar con la autorización del director del periódico para cualquier tipo de colaboración con otro medio”, añade el manual, que se refiere, por ejemplo, a la presencia de periodistas de EL PAÍS en tertulias, aunque no se cobre por ello. La misma obligación de contar con un permiso existe para los “trabajos remunerados cuya cuantía pueda poner en cuestión su independencia”. En caso de conflicto, el director puede pedir la opinión del Comité de Redacción.
Cuando afectan a la crítica literaria, que es lo que plantea la lectora, estas normas se aplican a través de una serie de usos y costumbres establecidos en la sección de Cultura. No puede reseñar o informar de un libro quien lo ha presentado, ni si comparte editorial con el autor o aparece citado en los agradecimientos. Como tampoco se le permitiría hacer la crítica de un espectáculo a quien hubiera escrito el programa. Lo mismo que si hay relaciones familiares con la editorial o los autores de las obras. Un ejemplo: la pareja del anterior redactor jefe de Cultura trabaja en una editorial. Por eso, él nunca ha escrito de los títulos publicados en ella, ni tomaba las decisiones editoriales correspondientes, que durante su mando recayeron en la número dos de la sección, Raquel Vidales.
El responsable de Babelia explica que cuando renovó el equipo de críticos literarios para rejuvenecerlo e incorporar mujeres fichó a Luna Miguel y Andrea Toribio, que además de ser escritoras, trabajan en dos de las grandes editoriales del sector. En ambos casos, se comprometieron a no reseñar títulos de su propia firma ni de la competidora. “Eso reduce su participación, porque tratan obras de editoriales pequeñas”, añade.
“Siempre hay algún tipo de conflicto, porque lo habitual es que el crítico sea también escritor”, explica Jordi Amat, quien lo es a su vez, y recuerda que en el plantel de especialistas hay varios profesores de Literatura, todos con obra publicada. A él, dice con sorna, le toca el papel de “guardián de la pureza”. Esta situación, como apunta Vidales, es peculiar del mundo de los libros y no suele darse en otras ramas artísticas: “Quienes escribimos de teatro es raro que nos dediquemos a él”.
Las normas internas sobre el conflicto de intereses se aplican a todos los que escriben en EL PAÍS, aunque no formen parte de la plantilla. Sin embargo, no se puede exigir lo mismo a aquellos colaboradores a los que no se les paga la exclusividad, dado que no podrían mantenerse solo con lo que cobran por estas críticas literarias. Se trata de situaciones en las que prima la confianza en que se actuará con honestidad y autoexigencia y cada autor se responsabiliza de lo que firma.
Para dar claridad, el Libro de Estilo señala que en estos casos “la mejor forma de evitar el conflicto de intereses es la transparencia interna que EL PAÍS se compromete a mantener”. Por eso, se debe atender a Carolina Cobo cuando reclama información sobre los colaboradores. En Babelia no se incluye ningún dato sobre estas firmas, ni siquiera con un pie de autor, al contrario de lo que se hace en la sección de Opinión; fórmula que hubiera sido coherente aplicar aquí, dado que la crítica está clasificada en el manual como un género periodístico netamente de opinión.
Las dudas relativas al conflicto de intereses resultan pertinentes cuando los críticos literarios son también autores o trabajan para editoriales y es tarea del periódico despejarlas, dado que comprometen su credibilidad. Por eso, cuanta más información, mejor. Los periodistas de plantilla y los columnistas ya cuentan en la web con una biografía asociada a su nombre. Sugiero a la dirección que se extienda a los colaboradores habituales del suplemento de libros. Si con transparencia se diluye la desconfianza, empecemos por informar bien sobre quién escribe y desde dónde lo hace.
Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).
El conflicto de intereses asoma cuando quienes escriben las reseñas de los libros son escritores o trabajan en editoriales
El Libro de Estilo de EL PAÍS define la crítica como “el género de opinión que describe, elogia o censura, en todo o en parte, una obra cultural o de entretenimiento. Siempre debe escribirla un experto en la materia”. Esta limitación ha derivado en que la mayoría de las críticas de libros que se publican las firmen colaboradores especialistas. En el suplemento literario Babelia, que cuenta con cinco periodistas de plantilla y la participación de redactores de otras secciones, escriben también con regularidad (cada dos semanas o al menos una vez al trimestre) unos 50 críticos externos, según su responsable, Jordi Amat.
Sobre ellos pregunta la lectora Carolina Cobo. “Quisiera exponer mis dudas acerca de la falta de información sobre las conexiones personales o profesionales que pueden afectar a la objetividad de algunos colaboradores”, expone. “Me refiero al posible conflicto de intereses entre colaboradores que no forman parte de la plantilla y los temas que tratan. En la presentación de los mismos, esta posibilidad de conflicto no aparece, lo que creo que sería útil para que los lectores pudiésemos valorar la credibilidad”.
El conflicto de intereses es una cuestión deontológica de primer orden y por eso el manual de estilo lo trata ya en el primer capítulo, dedicado a los principios éticos: “Los periodistas deberán abstenerse de realizar cualquier información o trabajo periodístico que entre en conflicto con sus intereses personales, ya sean políticos, económicos o familiares”. Con esta norma general se pretende eludir la parcialidad al tratar asuntos que tocan de cerca y cualquier sesgo que pueda comprometer al periódico.
También existe una supervisión de los trabajos que los periodistas realizan fuera de este. “El redactor deberá contar con la autorización del director del periódico para cualquier tipo de colaboración con otro medio”, añade el manual, que se refiere, por ejemplo, a la presencia de periodistas de EL PAÍS en tertulias, aunque no se cobre por ello. La misma obligación de contar con un permiso existe para los “trabajos remunerados cuya cuantía pueda poner en cuestión su independencia”. En caso de conflicto, el director puede pedir la opinión del Comité de Redacción.
Cuando afectan a la crítica literaria, que es lo que plantea la lectora, estas normas se aplican a través de una serie de usos y costumbres establecidos en la sección de Cultura. No puede reseñar o informar de un libro quien lo ha presentado, ni si comparte editorial con el autor o aparece citado en los agradecimientos. Como tampoco se le permitiría hacer la crítica de un espectáculo a quien hubiera escrito el programa. Lo mismo que si hay relaciones familiares con la editorial o los autores de las obras. Un ejemplo: la pareja del anterior redactor jefe de Cultura trabaja en una editorial. Por eso, él nunca ha escrito de los títulos publicados en ella, ni tomaba las decisiones editoriales correspondientes, que durante su mando recayeron en la número dos de la sección, Raquel Vidales.
El responsable de Babelia explica que cuando renovó el equipo de críticos literarios para rejuvenecerlo e incorporar mujeres fichó a Luna Miguel y Andrea Toribio, que además de ser escritoras, trabajan en dos de las grandes editoriales del sector. En ambos casos, se comprometieron a no reseñar títulos de su propia firma ni de la competidora. “Eso reduce su participación, porque tratan obras de editoriales pequeñas”, añade.
“Siempre hay algún tipo de conflicto, porque lo habitual es que el crítico sea también escritor”, explica Jordi Amat, quien lo es a su vez, y recuerda que en el plantel de especialistas hay varios profesores de Literatura, todos con obra publicada. A él, dice con sorna, le toca el papel de “guardián de la pureza”. Esta situación, como apunta Vidales, es peculiar del mundo de los libros y no suele darse en otras ramas artísticas: “Quienes escribimos de teatro es raro que nos dediquemos a él”.
Las normas internas sobre el conflicto de intereses se aplican a todos los que escriben en EL PAÍS, aunque no formen parte de la plantilla. Sin embargo, no se puede exigir lo mismo a aquellos colaboradores a los que no se les paga la exclusividad, dado que no podrían mantenerse solo con lo que cobran por estas críticas literarias. Se trata de situaciones en las que prima la confianza en que se actuará con honestidad y autoexigencia y cada autor se responsabiliza de lo que firma.
Para dar claridad, el Libro de Estilo señala que en estos casos “la mejor forma de evitar el conflicto de intereses es la transparencia interna que EL PAÍS se compromete a mantener”. Por eso, se debe atender a Carolina Cobo cuando reclama información sobre los colaboradores. En Babelia no se incluye ningún dato sobre estas firmas, ni siquiera con un pie de autor, al contrario de lo que se hace en la sección de Opinión; fórmula que hubiera sido coherente aplicar aquí, dado que la crítica está clasificada en el manual como un género periodístico netamente de opinión.
Las dudas relativas al conflicto de intereses resultan pertinentes cuando los críticos literarios son también autores o trabajan para editoriales y es tarea del periódico despejarlas, dado que comprometen su credibilidad. Por eso, cuanta más información, mejor. Los periodistas de plantilla y los columnistas ya cuentan en la web con una biografía asociada a su nombre. Sugiero a la dirección que se extienda a los colaboradores habituales del suplemento de libros. Si con transparencia se diluye la desconfianza, empecemos por informar bien sobre quién escribe y desde dónde lo hace.
Para contactar con la defensora puede escribir un correo electrónico a defensora@elpais.es o enviar por WhatsApp un audio de hasta un minuto de duración al número +34 649 362 138 (este teléfono no atiende llamadas).
EL PAÍS
